CORREPI - Boletín informativo nº 616
13 de julio de 2011
Sumario:
1. Gerardo Martínez botón: Otro ladrillo para el paredón
2. Gran Hermano en la ciudad
3. La rutina de la tortura
4. Proyecto Sur yla Metropolitana
5. El hábito de la mentira
6. Más muertes en cárceles
Próximas actividades: Viernes 15 de julio, desde las 8:30, concentración en Mendoza 2417, esq. Almafuerte, San Justo, La Matanza , durante la lectura de la sentencia contra el policía federal Luciano Gaete Ossandón, asesino de “Kunky” Méndez.
GERARDO MARTÍNEZ BOTÓN: OTRO LADRILLO PARA EL PAREDÓN
El secretario general del gremio de la UOCRA, el ultra kirchnerista Gerardo Alberto Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el país; el mismo que fue encubridor del negreador Schoklender, trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601 del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo, ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble tarea.
Hoy, a tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires- un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción) y patrocinadas por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio de la UOCRA, es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, trabajó, desde 1976, y, por lo menos, hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él dependían varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En una palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de la CGT, fue compañero de trabajo de personajes célebres como Leandro Sánchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros, torturas y desapariciones.
La presentación se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden 2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con 900) figura Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882. Los firmantes del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses, que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización, y en 1990 a la secretaría general.
Claro que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden 1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122).
La utilización de grupos de choque o patotas por parte del estado y las patronales, es tradición vieja, desde los cajetillas que usaban a fines del siglo XIX para asolar los barrios pobres y a los trabajadores, pasando por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica, la Legión Cívica trás el golpe del general Uriburu en 1930, hasta, más cerca en el tiempo, la Triple A. Bajo el gobierno kirchnerista, lo novedoso es que ya no actúan como meros complementos del aparato represivo oficial, sino que, en muchas oportunidades, directamente lo reemplazan, como lo vimos el 20 de octubre de 2010 con el asesinato de Mariano Ferreyra, y, en el caso concreto de la UOCRA, en tantísimos ataques de su patota contra los trabajadores del SITRAIC, los vecinos de la Asamblea de Esquel No a la Mina, los trabajadores del sindicato de Comercio de Santa Cruz, contra el delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, etc.
Los denunciantes reclamaron a la justicia federal que se investigue hasta cuándo trabajó Martínez para Inteligencia del Ejército; cuál fue su participación en la desaparición de 105 trabajadores de la construcción hasta 1983, y en los hechos represivos posteriores, y que se determine quiénes facilitaron su encubrimiento hasta el presente.
Gerardo Martínez es un botón de muestra de las diferentes formas en que el estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores: con el terrorismo de estado, cuando lo necesita, o, en períodos "democráticos", tercerizando la represión con patotas paraestatales.
Agente de inteligencia del estado y burócrata sindical, Martínez siempre tuvo doble trabajo. Será un ladrillo más del paredón que merece.
GRAN HERMANO EN LA CIUDAD
Como decíamos en el Boletín nº 613, comentando la instalación por parte del gobierno de Scioli de cámaras en los barrios más humildes, y el intento de Macri de entregar las filmaciones de la ciudad a los medios de comunicación, cuando se trata de controlar al pueblo, a pesar de los pleitos entre ellos, están todos del mismo lado.
Nacional, provincial o municipal, todos los gobiernos se suman a este boom de control que llena semana a semana los diarios de novedades, generando polémicas en cuanto a si se viola la intimidad, pero sin cuestionar el uso que se dan a las cámaras en el disciplinamiento de la protesta y como elemento para criminalizar luchadores.
Esta última semana, fue Macri el que, mediante un gasto de medio millón de dólares, ganó la atención de la prensa estrenando 330 cámaras.
Entre estos 330 “objetivos” hay 32 hospitales, 24 centros de salud, 90 edificios escolares (incluidos 17 jardines y escuelas secundarias), el Teatro Colón, los cementerios de Chacarita y Recoleta, el Parque Indoamericano y tres ex centros clandestinos de detención que hoy funcionan como “espacios para la memoria”.
Las cámaras en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente, no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil es imaginar quién pidió su instalación, teniendo en cuenta el odio que generó al ministro de educación Esteban Bullrich la toma de varias escuelas las semanas previas a las elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas, por ejemplo.
Además de las cámaras, se designará personal de seguridad privada que prestará servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana y el servicio logístico de las FFAA.
Las cámaras de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73. En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.
En el país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire.
Sobre el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”. Esas videocámaras sí responden a una ideología, la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el diario Clarín mismo. A la ideología de los que más tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al pueblo.
LA RUTINA DE LA TORTURA
Esta semana, tres casos que tuvieron algo de difusión nos muestran que la tortura es cuestión de rutina para la policía y que la justicia recorre siempre el mismo camino para garantizar la impunidad de los torturadores.
Una Denuncia: En la madrugada del 25 de junio pasado, en La Plata, Felipe Ayala Gamboa se retiraba de una fiesta junto a un amigo. Iban en busca de sus bicicletas, atadas en la esquina, cuando se les acercó un patrullero. Bajaron dos oficiales al grito de "arriba las manos". Los jóvenes entregaron sus DNI, pero uno de los policías puso de espaldas a Felipe para palparlo. Felipe se resistió, pues ya le había mostrado los documentos. El policía comenzó a pegarle patadas vociferando "no digas nada más porque te mato". En su desesperación, Felipe gritó que era hermano de Sandra Ayala Gamboa (joven violada y asesinada que se convirtió en un símbolo de lucha contra el femicidio, y un caso más en el que la policía entorpeció la investigación). Lejos de detenerse, lo golpeó aún más fuerte. Subieron raudos al móvil policial y se fueron. Tras la golpiza, y luego de ser atendido en el hospital, Felipe hizo la denuncia en la UFI N° 1.
Un Juicio: El 20 de julio de 2010, un cabo de la comisaría 23ª del barrio porteño de Palermo detuvo a tres menores de 16 y 17 años porque se le antojó que habían roto el vidrio de una camioneta estacionada. Y ese vidrio valió más que la integridad y la dignidad de los chicos. El policía de la Federal pidió refuerzos por radio y llegaron otro policía que estaba cerca, tres patrulleros, con la subinspectora jefa de servicio externo, Natalia Verón (33) (quien estuvo prófuga por este caso, ver Boletín N° 609 Democracia, dictadura, la tortura continúa) el sargento Sergio Coronel (37), el sargento primero Juan Villegas (45), el agente Ricardo Coria (33), el cabo Mariano Cerrillo (31) y el agente Guillermo Villán (27) ¡ocho policías y tres móviles para tres pibes!
Los chicos fueron golpeados en la cara y el estómago para que confesaran quién había roto el vidrio. Los subieron a cada uno a un patrullero y ahí empezaron a picanearlos. Una vez en la seccional 23ª, siguieron golpeándolos en boca y estómago y aplicándoles picana hasta que los chicos se desvanecieron. Los tres jóvenes reconocieron también al sargento primero Juan Morales (50) quien vio todo y no hizo nada por detener las torturas.
La fiscal Estela Andrade pidió someter a juicio oral a Verón, Cerrillo y Villegas por "torturas reiteradas"; a Coria, Coronel y Villán por "apremios ilegales agravados"; a Morales, al jefe de servicio a cargo de la seccional, Cristian Bejarano (33), y al guardia que lo secundaba, Leandro Bruschi (23), por "omisión de denunciar la comisión de torturas"
Una Absolución: El 12 de julio de 2005, el subinspector Diego Alfredo Fernández, y dos sargentos, Víctor Huanca y Claudio Mingorance, llegaron al departamento de Mauricio N. Godoy con una orden de allanamiento dispuesta en una causa en su contra por amenazas. Mauricio se negó a abrir la puerta, por lo tanto, los policías la forzaron. Luego, se abalanzaron sobre él, aún teniendo a una niña en brazos, y comenzaron a golpearlo hasta reducirlo y esposarlo en presencia de su familia. Mauricio sufrió hematomas en ambos ojos, antebrazos, rodillas y tobillos, escoriaciones y golpes en la cabeza.
Los policías fueron sometidos a juicio y condenados a un año de prisión en suspenso por "vejámenes" y "lesiones", pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, a cargo de Gustavo Mitchell, Liliana Catucci y Ángela Lesdesma, revocó el fallo y absolvió a los policías por dos votos (los de Mitchell y Catucci) contra uno.
La policía cuenta con las herramientas, el poder y la impunidad que les da el estado. Herramientas para torturarnos y matarnos; poder para someternos; e impunidad para que descarguen todo su desprecio por nuestra vida.
PROYECTO SUR Y LA METROPOLITANA
Si faltaba algo para que Proyecto Sur (y todos los que le sirven de furgón de cola) terminaran de mostrar la hilacha de lo que realmente son, un frente electoral representante de los intereses de la clase dominante, es la promesa de campaña que hizo su candidato a vicejefe de gobierno, Jorge Selser, cuando manifestó en un programa del canal Metro que, de ganar las elecciones, crearían la Central de Inteligencia de la Policía Metropolitana.
"Nosotros vamos a crear la Central de Inteligencia porque en seguridad hay que tener política", dijo el candidato.
En pleno debate por la campaña electoral, todos salieron a opinar sobre el manejo de la metropolitana y sus funciones. Gabriela Cerruti, que encabezaba la lista de Nuevo Encuentro, el partido de Sabbatella, hoy dentro del kirchnerismo, bramaba horrorizada que “La metropolitana fue creada en la consultora de Fino Palacios”. Hoy su espacio político no duda en defender a la otrora cuestionada fuerza que debutara con el escándalo de las escuchas de Ciro James.
No cuestionan la existencia de la metropolitana, que ya es un hecho consumado. Ahora el debate gira en torno de cómo utilizar, cada uno a su conveniencia, tamaña herramienta represiva más efectivamente, siempre buscando el mayor consenso posible a través del discurso. Proyecto sur, queriendo cooptar el voto de quienes, acosados por el manejo de la información en los medios se en “en riesgo”, propone crear un aparato de inteligencia, que no sería otra cosa que una nueva herramienta para perseguir al pueblo cuando se organiza y busca luchar contra este sistema que oprime a las mayorías.
Como podemos ver, se pelean entre ellos y nos quieren engañar, tratando de mostrarnos una realidad que ellos construyen a imagen y semejanza de sus intereses, pero en lo concreto, cuando se trata de lo que atañe a la verdadera naturaleza de las cosas y del sistema, en el fondo son realmente lo mismo. Proyecto Sur no es una excepción, y no porque no sepan cuál es la verdadera función de la policía, esa función de disciplinamiento y control social que garantiza mediante la represión la continuidad de este sistema de explotación. Lo saben, justamente porque saben que la policía defiende los intereses de la burguesía… o sea, sus intereses.
EL HÁBITO DE LA MENTIRA
Ya sabemos que, en campaña, o para defender una gestión de gobierno, todo vale. Pero a veces, el tenor de las mentiras que se dicen indigna un poco más. Hace unos días, en Mar del Plata, se hizo un acto con la excusa formal de conmemorar la Noche de la Corbatas, el célebre episodio represivo, durante la dictadura, en que fueron desaparecidos siete abogados y las esposas de dos de ellos. Lo que se suponía un homenaje, fue en realidad un acto de campaña del kirchnerismo, y, además, mintiendo.
Hernán Ordiales, representante del PEN en el Consejo de la Magistratura y evidente sostenedor del gobierno nacional, aprovechó la ocasión para repiquetear con la autodenominada “política de DDHH” del kirchnerismo. Y dijo: “el gobierno nacional dio protección y plena vigencia a los derechos humanos, en causas de lesa humanidad, y ha colaborado con los juzgados”. Y usó, como ejemplo de esto último, ni más ni menos que el caso Bulacio.
Todos los gobiernos que se han sucedido en los 20 años transcurridos desde que Walter Bulacio fuera detenido ilegalmente, torturado y muerto por la federal, han contribuido, cada uno a su manera, a la impunidad, necesaria no sólo para salvar al comisario Espósito y el resto de los responsables, sino, fundamentalmente, para preservar una de las más efectivas armas estatales para el control social: las facultades policiales para realizar detenciones arbitrarias.
En el caso de las dos gestiones peronistas de los Kirchner, les tocó en su agenda ser los encargados de incumplir la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, que desde el 18 de septiembre de 2003 ordena al estado argentino eliminar esas facultades policiales, terminando con la averiguación de antecedentes, los códigos contravencionales, las razzias y todo el sistema de normas y prácticas que nos hacen vivir en “libertad vigilada” si no somos lindos, ricos y rubios.
Como sus antecesores Menem, De la Rúa y Duhalde, los Kirchner pusieron todo el aparato estatal al servicio de la defensa de sus facultades represivas. Lo vemos hoy, cuando nuevamente se ha suspendido el trámite en la causa interna, y ya no tendremos juicio oral en la causa Bulacio en agosto. Así que, Dr. Ordiales, para hacer campaña para sus candidatos, trate de encontrar otro ejemplo en el que se note menos la mentira.
MÁS MUERTES EN CÁRCELES
El 28 de junio, algunos diarios informaron, en apenas unas breves líneas, que dos presos murieron en el penal de Florencio Varela. Con la habitual escasez de datos, sólo mencionan que Oscar Jiménez Barreiro, de 28 años, y Víctor Hugo Andrade, de 25, “murieron durante una pelea”.
En 1992, cuando Fito Ríos, preso en la cárcel de Caseros, fue torturado hasta morir, apaleado a garrotazo limpio por el cuerpo de requisa, que lo golpeó con tal fiereza que los azulejos verdosos quedaron salpicados con partes de su materia cerebral, también los diarios informaron “murió un preso en una pelea”. Y fueron necesarios diez años de pelea de su madre, nuestra compañera Delia Garcilazo, para que los jueces, tardíamente y cuando ya no se podía castigar a nadie, reconocieran que no fue una pelea entre presos, sino un asesinato cometido por los de uniforme.
La cantidad real de muertes intramuros es uno de los datos que más cuesta desentrañar, cuando intentamos contabilizar los casos que incluimos en el Archivo de Casos que publicamos cada fin de año. Así como el fusilamiento en un barrio de un pibe pobre por un policía es siempre “un acto de servicio”, como dijeron los defensores del policía federal Luciano Cruz (policías ellos también, de la Dirección de Asuntos Judiciales de la PFA – Ministerio de Seguridad de la Nación) en sus alegatos, la muerte de un preso apenas si cuenta como uno menos en el recuento diario de la población penitenciaria.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
· Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
· El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
· Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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